¿Quién debe hacer la poda preventiva de arboles?

La poda de árboles en áreas urbanas es una medida esencial para prevenir accidentes, garantizar la seguridad pública, y mantener la integridad de los servicios eléctricos. En este artículo, se investigará cuándo recae sobre el municipio la responsabilidad de la poda preventiva de árboles y cuándo esta responsabilidad es transferida a las compañías eléctricas, tomando en consideración los documentos legales pertinentes en Chile.

Marco normativo y responsabilidad municipal

El municipio tiene un rol crucial en el mantenimiento de las áreas verdes urbanas, incluidas las acciones preventivas como la poda de árboles. Esta responsabilidad es otorgada en virtud de la Ley de Rentas Municipales y regulaciones locales que asignan a los municipios la tarea de garantizar el bienestar de los espacios públicos. En términos de poda preventiva, el municipio debe tomar acciones cuando los árboles en espacios públicos representen un riesgo potencial para la seguridad de las personas o cuando interfieran con los servicios esenciales, como la electricidad.

El Decreto N° 1029 Exento (2003) señala que el municipio está obligado a realizar podas preventivas para evitar que el crecimiento de los árboles afecte la infraestructura eléctrica u otros servicios. Además, se aclara que estas podas son más comunes en la época de mayor crecimiento de los árboles o cuando las condiciones meteorológicas lo ameriten.

Límite de responsabilidad de las compañías eléctricas

Por otro lado, las compañías eléctricas también tienen responsabilidades cuando el crecimiento de árboles pone en riesgo el suministro eléctrico. La Circular 204702 (2023) de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) establece que es responsabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad mantener libre de vegetación las áreas circundantes a las líneas eléctricas de media y baja tensión. Específicamente, se indica que:

• Las empresas eléctricas deben realizar podas cuando las ramas de los árboles interfieran directamente con las redes eléctricas, poniendo en riesgo la continuidad del suministro o la seguridad.
• Las empresas tienen la obligación de coordinarse con los municipios cuando el arbolado urbano crece lo suficiente como para amenazar las líneas de distribución eléctrica.

Coordinación entre actores

La legislación actual sugiere que, si bien el municipio tiene la responsabilidad inicial de gestionar el arbolado urbano, existe una zona límite donde la responsabilidad pasa a las compañías eléctricas. Este límite generalmente se define por la proximidad de los árboles a las líneas eléctricas, y el riesgo de interrupción del servicio o de generar accidentes. En este contexto, es esencial una coordinación entre los municipios y las compañías eléctricas para:

• Acordar los momentos y procedimientos de poda.
• Determinar áreas de intervención prioritarias.
• Minimizar los riesgos tanto para las personas como para la infraestructura.

Conflictos y soluciones

A menudo, la ambigüedad en la delimitación de responsabilidades puede generar conflictos entre municipios y compañías eléctricas. Sin embargo, la normativa contenida en la Circular 204702 establece claramente que, en casos donde la vegetación amenaza directamente la red de distribución, la empresa eléctrica debe actuar. De igual manera, el municipio tiene la obligación de mantener las áreas verdes dentro de su jurisdicción, excepto en casos donde interfieran con la red eléctrica, momento en el cual deben trabajar en conjunto con la compañía eléctrica.

En caso de disputas sobre quién debe asumir la responsabilidad de la poda en una situación particular, es fundamental acudir a los mecanismos de resolución estipulados en las normativas de la SEC, que incluyen desde mediación hasta la imposición de sanciones en caso de incumplimiento.

Por lo tanto, la responsabilidad de la poda de árboles preventivamente recae en el municipio cuando se trata de arbolado urbano general y áreas públicas. No obstante, cuando la vegetación se acerca a las líneas eléctricas y pone en riesgo la seguridad o el suministro de energía, la responsabilidad se transfiere a las compañías eléctricas. La clave para el manejo efectivo de esta situación es la coordinación y comunicación fluida entre ambos actores.

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