Noticia Diario El País
A pesar de la reconocida trayectoria de Chile en la respuesta ante catástrofes naturales como terremotos e inundaciones, un reciente análisis de una corporación basado en datos de Senapred advirtió sobre importantes brechas en materia de prevención y preparación local ante incendios forestales y olas de calor.
El informe revela que, aunque el 92% de las comunas del país (318 de 345) cuenta con un Plan Comunal de Emergencia decretado, solo el 65% (225 municipios) ha completado su proceso de revisión técnica y formalización definitiva. Esto deja a un 35% de los gobiernos locales en situación de vulnerabilidad normativa: 34 comunas operan con instrumentos sin revisión técnica y otras 56 se encuentran en proceso de actualización.
Del enfoque reactivo a la cultura de la prevención
Según el análisis elaborado por el director ejecutivo de la Corporación, el problema central radica en la priorización histórica de medidas reactivas sobre aquellas destinadas a la anticipación del riesgo. A medida que se aproximan los meses de altas temperaturas y aumenta la amenaza de eventos climáticos extremos, las capacidades preventivas en los territorios cobran un rol crítico.
La problemática no es exclusiva de la región. El informe destaca que en Europa se observan desafíos similares; por ejemplo, en Cataluña más de la mitad de los municipios expuestos a incendios no tenían sus planes al día, lo que impulsó al gobierno catalán a destinar 20 millones de euros en apoyo técnico y financiero para los ayuntamientos. Asimismo, el Consejo de la Unión Europea ha instado a sus miembros a adoptar una gestión integral del territorio, enfocada en evaluación de riesgos, alertas tempranas y participación comunitaria.
Ante el avance del cambio climático y la superposición de amenazas urbanas y rurales, especialistas hacen un llamado urgente a pasar de una cultura centrada únicamente en la respuesta ante desastres a una cultura de la prevención integral, que contemple la correcta planificación de zonas de interfaz urbano-rural, mapas de vulnerabilidad y la actualización constante de los planes comunales.
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