Dictamen N° 196 – 17 de la DT

Dictamen mediante el cual establece criterios estrictos sobre la aplicación de las medidas de resguardo en casos de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, bajo el marco de la Ley N°21.643 (Ley Karin).

El documento, aclara que cualquier medida adoptada por el empleador para proteger a una víctima durante una investigación como el traslado de puesto o funciones no puede significar un menoscabo económico ni de condiciones para la persona denunciante.

Protección sin perjuicio económico

La controversia que dio origen a este dictamen surgió a raíz de una consulta de una empresa del rubro estético. La entidad había trasladado de funciones a una trabajadora como medida de resguardo, lo que provocó que esta dejara de percibir sus comisiones habituales, afectando directamente su remuneración mensual.

Al respecto, la DT fue enfática al señalar que:

  • Mantenimiento de ingresos: El empleador debe garantizar que la persona mantenga, a lo menos, la misma remuneración que percibía en su puesto original.
  • Cálculo de variables: Si el sueldo incluye componentes variables (como comisiones o bonos), se debe calcular el promedio de los últimos tres meses trabajados completos.
  • Pago de diferencias: En caso de que el nuevo puesto transitorio genere menos ingresos, la empresa está obligada a pagar la diferencia para evitar el menoscabo.

Carácter transitorio y preventivo

El dictamen subraya que estas medidas son de carácter cautelar y transitorio. Su único fin es proteger la integridad física y psicológica de los involucrados mientras dure el procedimiento de investigación, y no pueden ser utilizadas como un mecanismo para modificar permanentemente el contrato de trabajo sin acuerdo mutuo.

“En ningún caso las medidas adoptadas pueden ser gravosas o perjudiciales para la persona denunciante, ni producir algún tipo de menoscabo”, dicta el documento, advirtiendo que lo contrario desincentivaría la presentación de denuncias.

Sobre el enriquecimiento sin causa

La Dirección del Trabajo también aclaró que el pago de estas diferencias salariales no constituye un “enriquecimiento sin causa” ni un doble pago, ya que simplemente se busca restituir el equilibrio económico que el trabajador tenía antes del incidente denunciado.

Este dictamen entrega mayor certeza jurídica tanto a trabajadores como a empleadores en la implementación de la Ley Karin, reforzando el principio de que denunciar un abuso no debe empobrecer al afectado.

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