Resolución Exenta N° 0781 de la SIE
La Superintendencia de Educación ha emitido la Resolución Exenta N° 0781, la cual aprueba una nueva circular que imparte instrucciones sobre los Reglamentos Internos (RI) para establecimientos de educación básica y media. Aunque el enfoque principal es la convivencia escolar, el documento introduce directrices críticas que vinculan la gestión educativa con la seguridad y salud laboral de docentes y asistentes de la educación.
Vinculación con la Normativa Laboral
Uno de los puntos destacados es la necesaria coherencia entre el Reglamento Interno educativo y el Reglamento de Higiene, Orden y Seguridad (RIOHS) exigido por la legislación laboral. La circular aclara que, si bien son instrumentos distintos, las medidas de resguardo —como el traslado de funciones de un trabajador ante situaciones de violencia— deben ser consistentes con lo establecido en el RIOHS para proteger tanto a los estudiantes como a los trabajadores.
Capacitación y Prevención de Riesgos
La normativa mandata a los sostenedores a cumplir con obligaciones preventivas clave:
Capacitación Obligatoria: El sostenedor debe capacitar a directivos, docentes y asistentes de la educación en la promoción de la buena convivencia y el manejo de conflictos.
Gestión de Riesgos (PISE): Los establecimientos deben contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), el cual debe ser validado por expertos, como prevencionistas de riesgos o mutualidades administradoras de la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Salud Mental: Los equipos pedagógicos deben recibir herramientas y capacitaciones para enfrentar desafíos de salud mental y detectar conductas de riesgo, resguardando así el bienestar psicológico en el entorno laboral y educativo.
Condiciones Sanitarias y de Resguardo
En materia de higiene, la circular exige que los colegios cuenten con insumos básicos como jabón y papel higiénico, garantizando condiciones dignas para todos los integrantes. Además, ante hechos de violencia escolar, el protocolo permite adoptar medidas de urgencia para proteger la integridad física y emocional de los involucrados, lo que incluye la posibilidad de separar de funciones directas a presuntos responsables mientras se investiga, asegurando un ambiente de trabajo seguro.
Esta actualización normativa busca que los centros educativos no solo sean espacios de aprendizaje, sino entornos laborales que cumplan con los más altos estándares de protección y prevención de riesgos.
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